En el día de la fecha, 4 de julio de 2019, Enrique Millán, presidente de la Asociación Procurar, de defensa de usuarios y consumidores, envió sendas cartas al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, destinadas a “interponer formal denuncia y reclamo para que se excluya de futuras licitaciones públicas a las empresas Hidrovía S.A., con domicilio en Avenida Corrientes 316 de la C.A.B.A., a sus socios Jan De Nul NV y Emepa S.A. y a sus subsidiarias y vinculadas y, subsidiariamente, se incluyan en las licitaciones cláusulas anticorrupción que contemplen la no participación de empresas que hayan tenido vinculación con hechos de cohecho, coimas o dádivas”.
Millán, ante la máxima autoridad del Poder Ejecutivo interpone “formal denuncia de ilegitimidad (art. 1 e- 6 de la ley 19.549, LPA en más) contra el Decreto N° 113/2010 del 21 de enero de 2010 (B.O. 22/1/2010, en lo sucesivo el Decreto) por ser nulo, de nulidad absoluta e insanable (art. 17 LPA) solicitando que el Señor Presidente revoque el mismo o, en su caso, inicie acción de lesividad (art. último citado)”.
Procurar, defensora de los intereses de usuarios y consumidores afirma que “Hechos como los que quedarán de resalto en el presente derivan, más temprano que tarde, en aumentos tarifarios o entrega de subsidios o disminución de obras, o sea que todas y cualquiera de ellas en perjuicios para los usuarios y los consumidores. Esto es, no sólo se ven perjudicados los usuarios de la vía navegable (quienes pagan el peaje) sino también los exportadores, los importadores y los consumidores directos quienes deberán asumirlo como un costo implícito y verán aumentar (esto es clarísimo en los productos importados, pero también los productos nacionales de comercio interjurisdiccional) los precios de los productos que compran, venden y consumen. Sería, por otra parte, más que ingenuo suponer que un pago irregular se hace sin un interés crematístico el que, a la larga, redunda inevitablemente en detrimento de los consumidores y usuarios”.
En su carta a Mauricio Macri, Millán dice que “Es claro en el caso, que las “coimas” anuales que el concesionario confesó haber entregado, así como aquellas sumas dadas para posibilitar prórrogas o ampliaciones de la concesión (v.g. el Decreto), necesariamente se traducen en menores obras, mayores tarifas, mayores subsidios o una combinación de todos ellos”.
“La firma del Decreto 113/2010 –dice la carta entregada en Casa Rosada- que prorroga la concesión de la obra de dragado y balizamiento del Río de la Plata[1], el titular de la empresa concesionaria -Hidrovía S.A.- pagó la suma de 600.000 dólares estadounidenses al entonces Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Fiscal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a los fines de obtener la firma de dicho acto”.
“Tanto el presidente de la sociedad concesionaria –Romero- como el gerente comercial reconocieron haber pagado “coimas” para la obtención del Decreto (hecho reconocido por el propio socio al intentar desligarse de esa actuación). Ello convierte al Decreto en nulo, de nulidad absoluta e insanable por estar afectada la voluntad del funcionario al momento de la emisión del mismo y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, en sede administrativa (art. 17 LPA). La nulidad es una sanción que prevé el ordenamiento jurídico ante los vicios o defectos esenciales del acto jurídico y que priva a éste de sus efectos normales, con el objeto de preservar el interés público”.
El presidente de Procurar se pregunta en esta carta si “¿Puede prescribir?” estadenuncia ya que el decreto de prórroga de la concesión es de 2010. “Podría sostenerse que el tiempo transcurrido ha venido a ‘limpiar’ lo sucedido y que se ha producido una suerte de consolidación de la situación creada”. A su vez, en dirección contraria, afirma: “Ello no puede ni debe ser así en Derecho, ni hay ‘seguridad jurídica’ que pueda justificar tal ignominia”.
Finalmente, Millán dice: “Por todo lo expuesto al Señor Presidente solicito: Me tenga por presentado en el carácter invocado, por constituido el domicilio legal y por parte, Se tenga presente y se produzca la prueba ofrecida; Se tengan presentes los planteos y reservas efectuadas, y, oportunamente, se revoque por razones de ilegitimidad el Decreto 113/2010 y, subsidiariamente, se demande su anulación. Sin otro particular, saludo a Señor Presidente con distinguida consideración”.
Se enviaron copias al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; a la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, así como a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. También fue copia a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
Carta a Dietrich
En la carta dirigida al ministro Guillermo Dietrich, citando notas periodísticas, y tal como está denunciado por el mismo Gabriel Romero (presidente de Emepa S.A.) en su carácter de arrepentido en la causa “Cuadernos” –Juzgado Federal 11, Claudio Bonadío- consigna que “previo a la firma del Decreto 113/2010 que prorrogara la concesión de la obra de dragado y balizamiento del Río de la Plata”, el mismo Romero ordenó pagar 600.000 dólares estadounidenses de “coima” al por entonces Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Fiscal, Inversión Pública y Servicios de la Nación -Roberto Baratta-, a fin de obtener la firma de dicho Decreto. De hecho, en la declaración judicial que lo tuviera como arrepentido en la causa conocida popularmente como “cuadernos”, Romero habría dicho que, antes de que se firmara el Decreto 113, Baratta llamó a Poblete (gerente comercial de Hidrovía) y le exigió que, previo a la firma del mismo, debían abonarse seiscientos mil dólares, cosa que se hizo en dos pagos, uno previo a la firma del decreto y otro luego de firmado. Los pagos los realizó Poblete a Baratta.
“También de acuerdo a sus declaraciones –afirma la carta a Dietrich- éste no fue el único pago ilegítimo que realizara Romero, sino que anualmente entregaba a Jaime (Ricardo, ex Secretario de Transporte de la Nación) quinientos mil dólares y luego de que Jaime abandonara la función, a Baratta. Más allá de la causa por “coimas” que actualmente se sustancia, de la que resultan, tanto el pago realizado para que el decreto 113/2010 sea firmado, como la entrega anual de dinero a funcionarios durante el período de negociación del plazo de prórroga de la concesión, en la cual las empresas aquí cuestionadas son parte, los términos contenidos en las publicaciones señaladas precedentemente llevaron a ahondar en cuáles son esos “puntos oscuros del actual contrato”.
“Se observa así –dice más adelante- que el contrato de concesión de marras ha sido cuestionado desde sus inicios con motivo de diferentes ‘puntos opacos’ asignados a la concesionaria y/o directamente a sus socios Jan De Nul y Emepa. Existen a la fecha diversas causas judiciales abiertas, en la que los nombrados se encuentran denunciados”.
En particular “en el año 2001 los Dres. Francisco Pizarro Posse y Francisco García Santillán iniciaron una denuncia (causa Nro. 12.233/2001, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6, Secretará Nro. 11 del Dr. Canicoba Corral) fundada en diversas irregularidades producidas el inicio del contrato y durante la primer renegociación y prórroga del mismo, ésta última ocurrida en 1997. Se denunció el cambio de los términos del pliego, colocando en cabeza del Estado nuevas obligaciones que inicialmente estaban a cargo del concesionario, como así también el reconocimiento de millonarios gastos por reparación de una draga, además de la prórroga del contrato por 8 años más”.
Millán sostiene que “más allá de la situación actual de la obra, el concesionario o la ampliación lograda, debe prestarse debida atención al futuro de las obras que se encaren en el país. Ello así por cuanto recientemente, el diario Clarín señalaba que, frente al vencimiento de la concesión de dragado y balizamiento del Río de la Plata, se iba a proceder a llamar a “una nueva licitación pública que genere un nuevo contrato sin los puntos oscuros del actual. Según promete el Ministerio de Transporte, el nuevo pliego debe garantizar la baja del costo logístico argentino sin replicar los puntos opacos del actual contrato con Hidrovía SA. El concesionario argentino, involucrado en una causa judicial por corrupción, está dispuesto a volver a presentarse”[2]. Conforme dicho matutino, “Hidrovía minimizó el soborno como recurso para conseguir la prórroga y “aseguró a este diario que tiene intenciones de volver a presentarse en la licitación en ciernes”.
Tras dar detalles de los fundamentos legales, el titular de Procurar solicita a Dietrich que “Se excluya de futuras licitaciones públicas a las empresas Hidrovía S.A., Jan De Nul NV y Emepa S.A. y a sus subsidiarias y vinculadas y, subsidiariamente, se incluyan en las licitaciones cláusulas anticorrupción que contemplen la no participación de empresas que hayan tenido vinculación con hechos de cohecho, coimas o dádivas”.
PROCURAR
Enrique Millán, presidente de la comisión directiva de Protección a los Consumidores y Usuarios de la República Argentina – Asociación Civil, con domicilio en Azcuénaga 1265, 1° A (CABA)
Teléfono (011) 1536423600
El “Contrato de Obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal Santa Fe-Océano”.
[2] Diario Clarín del 21 de abril de 2019, Suplemento Economía, nota “Hidrovía, nueva licitación para una obra esencial”. El destacado es propio.
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